Justícia: el PSOE no ha complert ni el mínim dels seus compromisos amb Catalunya

Amb motiu de la fi de la legislatura, vaig aprofitar la meva última intervenció com a portaveu de Justícia en el Ple del Senat del 14 de setembre, en el debat de la Llei Concursal, per fer balanç de l’últim període de la gestió del ministre Caamaño. És aquesta tal com figura en el Diari de Sessions:

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies, president.
Aquesta serà una de les meves últimes intervencions com a portaveu de Justícia d’aquesta legislatura, una legislatura que no ha estat la de la Justícia com havia anunciat solemnement el ministre en el seu inici, no ho ha estat ni pressupostàriament, ni per les reformes legislatives dutes a terme.»

Continúo en castellano. Aprovecho para significar, una vez más, que la asignatura pendiente de un ministro de Justicia —a pesar de ser gallego— y además suspendida con un muy deficiente, es justamente la de igualdad de trato de la lengua de los catalanes, ya no en una institución estatal como esta sino en la propia Administración de Justicia en su relación con los ciudadanos de Cataluña, en el territorio de Cataluña. Es escandaloso.

En este Pleno estamos debatiendo algunas iniciativas legislativas importantes, como esta de reforma de la Ley Concursal, que podemos situar en el haber de la legislatura y en relación con las cuales ha habido un gran consenso, se ha trabajado bien en el Congreso de los Diputados y en la relación de los grupos con el ministerio; no así en el Senado, como ya se ha puesto de manifiesto, donde el trámite de urgencia y la precipitación del final de la legislatura nos ha impedido trabajar en ponencia como correspondía para una ley compleja y de tanta repercusión social como es esta.

Es cierto que con el ministro Caamaño ha habido notables avances en relación con la modernización, aunque frenados por la crisis presupuestaria, y se han tramitado algunas reformas legislativas importantes, que, vistas desde el ámbito más estrictamente jurídico, aportan algunas satisfacciones. No obstante, aparte de que la aplicación de estas reformas necesitará más recursos, también es cierto que el ministro se ha concentrado en lo que le han dejado pero ha puesto el freno de mano y se va a acabar la legislatura, se van a acabar las dos legislaturas del presidente Zapatero sin las reformas ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley de Demarcación y Planta ni de las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que quedaron pendientes al final de la legislatura anterior y respecto a las cuales, contrariamente a lo dicho y acordado, se ha estado media legislatura a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña y luego no se ha tenido el coraje de plantearlas.

La actitud del Gobierno en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado por el pueblo de Cataluña, y en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, particularmente en materia de justicia, es de lo más grave. Hace un año, el 20 de agosto de 2010 el Gobierno anunciaba a bombo y platillo el rescate de parte del Estatuto catalán, especialmente —se decía— en lo referido al capítulo de justicia, y encargó expresamente al ministro de Justicia que pusiera en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la creación de los consejos de Justicia autonómicos, a partir de la delegación de competencias por parte del Consejo General del Poder Judicial.

¿Dónde está esa reforma? ¿En qué ha quedado? En nada, en otra promesa incumplida. Vista ya no desde el catalanismo sino desde el autonomismo más tibio; vista desde el proceso de la Transición y la primera estructuración del Estado de las Autonomías, la Justicia, la reforma de la Administración de Justicia está encallada y hace chirriar las estructuras de este Estado. Mala peça en el teler, mala pieza en el telar, como decimos los catalanes.

En relación con la reforma de la Ley Concursal, ya apuntaba en el turno de enmiendas nuestro acuerdo general en relación con la oportunidad y la necesidad de dicha reforma y con buena parte de su contenido ya que en ningún caso nuestras enmiendas van en el sentido de una reconsideración global del proyecto, aunque también coincido con los portavoces que han insistido en que en el Senado no se ha hecho una tramitación que realmente diera realmente margen para mejorarla.

Para terminar, queremos subrayar que es evidente que la crisis ha sobrecargado de trabajo a los juzgados mercantiles y debemos insistir en que la correcta intervención judicial es un factor más de la recuperación económica y para garantizar los derechos de los acreedores y de los trabajadores, por lo que es indispensable que la Administración dedique los recursos humanos y materiales para que funcione bien la aplicación de esta reforma que hoy vamos a aprobar.

Gràcies, president.

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