Reforma constitucional? Dret a l’autodeterminació i a recaptar i gestionar els nostres impostos

L’agenda política del final de la legislatura d’en ZP s’ha animat amb la presentació de la reforma constitucional per incorporar-hi la limitació de la despesa pública, que han pactat PP i PSOE i no sotmetran a referèndum. Els catalans hauríem de tenir clar que el nostre interès se situa a les antípodes dels dos grans partits espanyols que neguen el dret a decidir dels ciutadans i mantenen l’expoli fiscal a Catalunya. Una Catalunya independent dins la Unió Europea, ni segurament una Catalunya que tingués un finaçament similar al concert econòmic, no tindria el dèfcit que té actualment. És per això, entre altres motius, que l’única reforma constitucional que realment ens convindria és aquella que reconegués a Catalunya, al poble de Catalunya com a subjecte de sobirania,  el dret d’autodeterminació (l’expressió més essencial del dret a decidir) i el dret a recaptar i gestionar els seus impostos.

Per afirmar-ho, avui, divendres, assistiré al Ple del Congrés de Diputats, dimarts, a la tarda, compareixeré al Parlament de Catalunya, i dimecres a la tarda defensaré les esmenes d’ERC en el Ple del Senat.

Aquestes són les esmenes que ha presentat ERC al Congrés de Diputats en relació amb la reforma constitucional de PP-PSOE:

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, a iniciativa del Portavoz Adj. Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado de la Proposición de Reforma del artí culo 135 de la Constitución Española. (Núm. Exp. 100/000001)

 Congreso de los Diputados, septiembre de 2011

 Joan Ridao i Martín                                    

Portavoz Adj. GP Esquerra Republicana       Izquierda Unida               Iniciativa per Catalunya Verds                     

 Enmienda 1

 Artículo único

 Supresión

 Justificación: Se propone el rechazo de la propuesta de reforma constitucional porque no se considera necesaria ni urgente, niega el debate parlamentario y el refrendo popular, liquida la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y obvia la heterogeneidad competencial, reduce el Estado del Bienestar, tiene un marcado carácter ideológico neoliberal o conservador y esquiva las necesarias reformas en otros puntos de la Constitución.

Innecesaria y no urgente

 La reforma constitucional propuesta es innecesaria por la existencia, tanto en la legislación europea como en la española, de los instrumentos jurídicos necesarios para limitar el déficit. De esta manera, si se quería adoptar esta medida no era necesaria una reforma constitucional, sino las oportunas modificaciones de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria o del Plan Europeo de Estabilidad.

 La voluntad política expresada en esta reforma podría haberse articulado mediante estos mecanismos e incluso podrían haber sido refrendados por un Pacto de Estado que garantizara su permanencia y estabilidad, si se estimaba oportuno, y pudiendo establecer las necesarias cláusulas de revisión.

 Asimismo, la reforma propuesta tampoco tiene a corto y medio plazo la capacidad para resolver los problemas presupuestarios o de otra índole que padecemos. En todo caso, podrían adoptarse otras medidas en esta misma dirección como son la racionalización de gastos con la eliminación de gastos suntuarios, la eliminación de las concurrencias desleales con las Comunidades Autónomas o el incremento de los ingresos públicos, especialmente mediante la lucha contra el fraude fiscal y con el aumento de la fiscalidad a las rentas más altas (que se han ido reduciendo en tiempos de bonanza económica).

 Por otro lado, el contenido y los plazos establecidos en la reforma no justifican su urgencia. De hecho, es sorprendente que una reforma constitucional se esté llevando a cabo con un trámite urgente excepcional, en el último mes de Legislatura, pocos días después de que se anunciara y a las pocas horas de que los dos grandes partidos acordaran su contenido. Y más sorprendente, y cuestionable democráticamente, que ello se haga sin contrastar o consensuar la posible necesidad y contenido de la reforma con el resto de fuerzas parlamentarias. Para colmo del despropósito, la urgencia es de difícil justificación si tenemos en cuenta que se reforma la norma fundamental del Estado y que no tendrá efectividad plena hasta 2020.

Carencias de legitimidad democrática

 La reforma constitucional ha sido presentada con un texto concreto en el Congreso de los Diputados por los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios de la Cámara, sin que previamente haya sido contrastada la opinión del resto de fuerzas parlamentarias ni se les haya permitido opinar o consensuar el contenido previamente a su presentación.

 Esta metodología cuestiona el espíritu de consenso constitucional a que siempre han apelado –como arma arrojadiza contra cualquier propuesta de reforma- los dos grandes partidos políticos, erigidos en defensores del hermetismo de la integridad del texto. Posición paradójica si tenemos presente que uno de estos partidos se opuso a algún Título constitucional.

 Pero más allá de ese supuesto consenso constitucional, también se apela a la legitimidad que “el pueblo español” otorgó al texto mediante su aprobación en referéndum.

 La presente propuesta de reforma constitucional pretende esquivar su refrendo por parte de la ciudadanía que la legitimó. Y ello es especialmente grave si tenemos presente que la reforma puede afectar a los derechos de la ciudadanía.

 Se demuestra así la falta de modernidad del sistema democrático español,  que hurta el derecho ciudadano de participación en la modificación de un instrumento político-económico que afectará a la vida cotidiana de las personas.

 Además, esta reforma se produce en un contexto social e histórico en que una parte importante de la población reclama mayor participación política y, especialmente, en todos aquellos aspectos que están siendo impuestos desde los poderes económicos, financieros y políticos europeos e internacionales, como es el caso.

 Límites a la autonomía de las comunidades

 La reforma constitucional supone la defunción de la mínima autonomía financiera de las Comunidades Autónomas e imponen un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea.

 Esta regulación fiscal constitucional que nos proponen, a largo plazo impone un comportamiento fiscal determinado a todas las Administraciones Públicas que actúan en un territorio. Disciplina presupuestaria que sustrae el ámbito de decisión política de las mismas, durante una o más generaciones.

 La propuesta afecta especialmente la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, cuando paradójicamente es el Estado quien acumula la mayoría de la deuda y quien tiene mayor capacidad y margen para reducir el déficit. El caso es especialmente grave si se tiene en cuenta la deficiente financiación de estas Administraciones Públicas.

 Por otra parte, tampoco se tiene en cuenta la heterogeneidad competencial que hace que unas Comunidades Autónomas tengan más competencias que otras e, incluso, que esto haya tenido su incidencia en la generación del déficit que acumula cada una.

 Finalmente, la reforma no tiene en cuenta el superávit o déficit fiscal, a pesar de los desequilibrios interterritoriales que se producen.

Estos desequilibrios son tan desproporcionados que provocan que Catalunya tenga un 10% del PIB de déficit cuando si tuviera soberanía fiscal tendría un superávit del 6%. Quienes impulsan la reforma constitucional siguiendo las indicaciones de Alemania olvidan el modelo fiscal de equidad y solidaridad entre los länders y acaban castigando a las autonomías más productivas.

 Incidencia negativa en las políticas sociales

 Las políticas sociales, y especialmente aquellas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas o que acaban asumiendo las Corporaciones Locales, se van a ver afectadas por los estrictos límites a la capacidad de endeudamiento.

 Catalunya, como otras Comunidades, tiene comprometido el 80% de su presupuesto. Más de ¾ partes del cual en gasto social.

 Teniendo en cuenta la insuficente financiación estatal y el ahogo económico y fiscal que padece, Catalunya ha tenido que endeudarse para mantener el gasto social en sanidad, en educación, en integración, etc. De hecho, la financiación estatal es insuficiente para mantener servicios sociales como la dependencia e incluso, básicos como la sanidad, hipotecando el bienestar de la población catalana.

 Indiscutiblemente, los límites a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales van a repercutir en la atención a las personas y, especialmente, en las más necesitadas. No sólo se van a producir recortes en los servicios sociales, como los que ya está viviendo Catalunya, sino que la falta de recursos públicos para mantenerlos va servir como coartada perfecta a los gobiernos liberales para abrir la puerta a una nueva ola privatizadora que repercutirá en la calidad y universalidad de los servicios sociales. Una nueva puntilla al Estado del Bienestar. Otra de las consecuencias de la crisis que pagarán los más desfavorecidos en beneficio de los mercados.

 En este sentido, la propuesta de reforma constitucional tiene un marcado carácter ideológico neoliberal. Poner límites al déficit público y vincularlo a decisiones europeas es el certificado de defunción de la política económica keynessiana y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis.

 La introducción de este precepto en la Constitución supone petrificar un mecanismo rígido que impedirá la necesaria flexibilidad para adaptar las políticas fiscales al ciclo económico. Es decir, que se impiden las políticas keynessianas anticíclicas en tiempos de recesión económica, teniendo una incidencia muy negativa en la necesaria inversión pública y la generación de empleo, así como en el gasto social.

 La reforma, pues, lejos de ser una reforma menor es una auténtica reforma estructural que redimensiona el sector público en tanto que marcará una nueva forma de administrar los recursos y limitará las posibilidades de las prestaciones estatales.

 

 

 

Enmienda 2

 Adición

 Nueva Disposición

 El artículo 2 de la Constitución quedará redactado como sigue:

 La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el estado y la solidaridad entre todas ellas.

 Se añade una nueva Disposición Adicional al texto constitucional, del siguiente tenor literal:

 La Constitución reconoce el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su status político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos.

 Serán, en su caso, sus instituciones respectivas, gobierno y parlamento, las únicas legitimadas para impulsar su ejercicio.

Justificación: El Parlamento de Catalunya ha mostrado reiteradamente la afirmación del pueblo de Catalunya como nación y el derecho a decidir su futuro libremente.

Así, el 12 de diciembre de 1989, el Parlament de Catalunya aprobó la Resolución 98/III, sobre el derecho a la autodeterminación de la Nación catalana, en que declaraba, solemnemente, que Catalunya forma parte de una realidad diferenciada en el conjunto del Estado, que el pueblo catalán ha mantenido en todo momento, tanto por las instituciones como desde la conciencia ciudadana.

En este sentido, el Parlament de Catalunya manifestaba que el acatamiento del marco institucional vigente, resultado del proceso de transición política de la dictadura a la democracia, no significaba la renuncia del pueblo catalán al derecho a la autodeterminación, tal y como establecen los principios de los organismos internacionales y se deduce del preámbulo de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979.

Asimismo, el Parlament de Catalunya reiteró el 1 de octubre de 1998 el derecho del pueblo catalán a determinar libremente su fututo como pueblo, en paz, democracia y solidaridad.

Finalmente, hay que señalar que una reciente encuesta de la Generalitat de afirmaba que el 40% de la población catalana quiere la independencia de Catalunya y que sólo el 20% defiende el actual Estado de las Autonomías.

En este sentido, hay que recordar que la sentencia del Estatut de Catalunya ha supuesto un auténtico “golpe de Estado constitucional” que ha dejado patente que sólo existe un sujeto político que es España y que Catalunya como sujeto político no tiene encaje en ella. Contra esta realidad, cada día más catalanes y catalanas reclaman la independencia de Catalunya y el derecho de autodeterminación que la nación catalana siempre ha reinvindicado.

 

Enmienda 3

 Adición

 Nueva Disposición

 En cuanto a la financiación de la Generalitat de Catalunya se  establecerá un régimen fiscal de concierto económico. Anualmente se acordará  el cupo que como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Generalitat o como financiación a las cargas generales del Estado que deberá satisfacer la misma.

 Justificación: Catalunya sufre un déficit fiscal histórico, cifrado en torno al 9% del PIB anual de media (desequilibrio entre lo que pagamos los catalanes con impuestos y lo que recibimos con financiación). Un déficit que afecta gravemente a las finanzas de la Generalitat, y aunque el último modelo pactado en 2009 introduce mecanismos para una corrección significativa, no será posible enderezarlo mientras no se plantee un cambio radical respecto a los parámetros dibujados en la EAC

En este marco, los desequilibrios estructurales de financiación entre Catalunya y el Estado, la crisis y sus consecuencias ponen de manifiesto que es necesario un cambio de la relación fiscal Catalunya – España.

 Actualmente, Catalunya tiene asumidas muchas competencias que le otorgan capacidad para decidir sobre un importante volumen de gasto público. Y esta autonomía en la decisión en el gasto no tiene su correlación en la capacidad de decisión de los ingresos públicos. Hay mucho camino por recorrer en la corresponsabilidad fiscal. Pero es un camino que debe recorrer hasta el final, para que quedarse a medio camino es perderse en la distorsión del sistema tributario. Y el final del camino de la corresponsabilidad fiscal es establecer un sistema fiscal propio para Catalunya.

 El País Vasco y Navarra cuentan con sistemas fiscales propios diferentes del resto del Estado. Nadie discute sobre solidaridad en estos casos, nadie habla de “ruptura de la unidad de mercado”. Análogamente (aunque con soluciones diferentes) se produce la misma situación en las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Todas estas excepciones al sistema fiscal español, abren la vía para que Catalunya pueda disfrutar también de su propio sistema fiscal.

Esto conlleva que la Generalitat de Catalunya asuma la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos aquellos tributos de los que tiene cedidos los su rendimiento. Además, y para evitar distorsiones perjudiciales entre Administraciones, es imprescindible que la Generalitat tenga al mismo tiempo plena capacidad legislativa sobre todos estos impuestos.

Esquerra Republicana de Catalunya tiene como objetivo básico en la actual legislatura lograr que la totalidad de los tributos pagados por los catalanes y las catalanas se recauden y se gestionen desde Catalunya. Para Esquerra Republicana de Catalunya el concierto económico, no es un objetivo, es un instrumento que debe permitir gestionar más recursos para invertirlos en los sectores estratégicos de nuestro país.

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