Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Blanes… cal una aplicació raonable de la Llei de Costes i una defensa de les competències de la Generalitat

La setmana passada es van debatre al Ple del Senat dues proposicions de llei, una del PP i una altra de CiU, per reformar la Llei de Costes. La del PP era un atac en tota regla a la protecció de la Costa, la de CiU pretenia limitar-se a l’excepcionalitat dels casos d’Empuriabrava (Castelló d’Empúries), de Santa Margarida (Roses) i de Blanes, però amb una reforma de caràcter general que, aplicada en altres contextos, podria suposar una amenaça també per a la protecció del litoral. Les dues, que no tenen cap possibilitat de ser realment tramitades en aquesta legislatura i a les portes de les eleccions municipals, tenen un tuf fort d’electoralisme. Vam votar en contra de la presa en consideració de la del PP i a favor de la presa en consideració (que no vol dir acord amb tot el seu contingut) de la de CiU. Aquesta va ser la meva intervenció en el debat de la segona Proposició de Llei:

“Els senadors del PSC votaran en contra d’aquest proposició, d’acord amb la posició expressada pel Grup Socialista. Els senadors d’Esquerra i d’Iniciativa votarem a favor de la seva presa en consideració perquè encara està pendent trobar una solución negociada al problema plantejat per una aplicación rígida, burocràtica de la Llei de Costes.”

No sin plantear la necesidad de una nueva reforma del Reglamento para ampliar a todo el Pleno el uso de las lenguas oficiales y protestar por no poder expresarme en catalán, continúo en castellano.

Decía que los senadores del PSC van a votar en contra de esta proposición, de acuerdo con la posición expresada por el Grupo Socialista, y los senadores de Esquerra e Iniciativa, en cambio, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque aún está pendiente encontrar una solución negociada al problema planteado por una aplicación rígida y burocrática de la Ley de Costas, y porque se han empezado a dar los pasos para el deslinde sin tener en cuenta las competencias de la Generalitat de Catalunya y sin atender las legítimas demandas de los ayuntamientos y de los propietarios afectados, en relación con los que se ha generado una alarma innecesaria.

Como senador por Girona, circunscripción en la que se dan las circunstancias excepcionales a que se refiere esta proposición de ley, insisto en que el Gobierno debe entender que hay que encontrar una solución negociada que conjugue el interés público, y muy particularmente la protección del entorno natural, según lo que prevén la Ley de Costas, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las leyes catalanas, con los legítimos intereses de los vecinos y los ayuntamientos de Roses, de Castelló d’Empúries, de Sant Pere Pescador y de Blanes.

Por lo que se refiere al caso de Blanes, debo precisar algo que, si se cumple, será una noticia muy positiva: el director general de Costas me comunicó hace pocos días que había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Blanes para que los nuevos límites de la zona marítimo-terrestre coincidan con el trazado del nuevo proyecto de paseo marítimo; solución que, por lo que conozco, podría dar satisfacción a las demandas de los campins afectados, del Ayuntamiento de Blanes y de personas como los senadores de la Entesa por Girona, que hemos hecho gestiones para llegar a una solución razonable. Sin embargo, el ministerio ya debería comunicar en forma esta decisión al Ayuntamiento de Blanes y a las partes afectadas.

Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición como un toque de alerta al Gobierno para que encuentre una solución que satisfaga a las partes; una solución que tenga en cuenta que, al fin y al cabo, la marina de Empuriabrava fue legalizada por acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 1980 y, desde que a finales del mismo año se transfirieran a la Generalitat de Catalunya la titularidad de la mayoría de puertos del litoral catalán —y, entre ellos, la marina de Empuriabrava—, estos se rigen por la normativa catalana que ya regula una franja de servidumbre análoga a la prevista en la legislación estatal, con la salvedad de que se respetan las situaciones derivadas del planeamiento urbanístico vigente y de licencias otorgadas por los ayuntamientos antes de la aprobación de la Ley de puertos de la Generalitat, garantizando en todo caso que se cumplan de manera alternativa las finalidades propias de esa zona de servidumbre.

En la medida en que mi grupo parlamentario considera que detrás de esta cuestión subyace un conflicto competencial y que no estaríamos a favor de una modificación general de la Ley de Costas que pudiera disminuir la protección de la costa, consideramos que el contenido de la proposición se debería modificar y ajustar estrictamente a los problemas planteados. Nos sorprende que el grupo proponente, que hoy además gobierna en Cataluña, no haya planteado la reforma de la Ley de Costas y de su normativa de desarrollo para que se adapte a las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 140 refuerza el marco competencial de la Generalitat de Catalunya en relación con puertos que, como la marina de Empuriabrava, no tengan la cualificación legal de interés general.

Por tanto, quiero que quede claro el alcance de nuestro voto positivo a la toma en consideración, que es un voto a favor de las competencias de la Generalitat, a favor de los ayuntamientos de Roses, de Castelló d’Empúries, de Sant Pere Pescador y de Blanes, y de sus vecinos, así como a favor de la protección de la costa; que quede claro que nos opondremos a cualquier norma de carácter general que pueda debilitar la protección de la costa y que pueda acabar favoreciendo operaciones inmobiliarias o de otra índole que privaticen la costa y los espacios públicos; que quede claro que si finalmente la voluntad de diálogo manifestada por la Dirección General de Costas condujera a un acuerdo con las partes afectadas —ayuntamientos y vecinos— con una aplicación más flexible de la ley y un mayor respeto al ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya, en el intervalo del trámite de esta proposición entre el Senado y el Congreso de los Diputados, instaríamos al grupo proponente a que la retirara.

Gràcies, senyor president

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